España es el único país de habla hispana en que existe el doblaje de películas extranjeras. Es ya una costumbre, algo que parece natural, pero su origen fue la normativa promulgada por el gobierno de Franco en 1941, a imitación de la Ley de Defensa del Idioma de su compañero Mussolini.
Había habido precedentes como, por ejemplo, aquella orden ministerial de 1938 que prohibía la inscripción de nombres propios no castellanos. «Debe señalarse, como origen de anomalías registrales, la morbosa exacerbación en algunas provincias del sentimiento regionalista, que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial castellano, sino que entran en una significación contraria a la Patria. Tal ocurre en las Vascongadas, por ejemplo, con los nombres de Iñaki, Kepa, Koldobika y otros, que denuncian indiscutiblemente un claro significado separatista.»
Los nombres extranjeros de hoteles, restaurantes o salas de cine fueron obligatoriamente cambiados por equivalentes «nacionales». Y así, poco a poco, se llegó a la ya citada orden de 23 de abril de 1941, que rezaba en su famoso apartado 8.º: «Queda prohibida la proyección cinematográfica en otro idioma que no sea el español, salvo autorización que concederá el Sindicato Nacional del Espectáculo, de acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio y siempre que las películas en cuestión hayan sido previamente dobladas. El doblaje deberá realizarse en estudios españoles que radiquen en territorio nacional y por personal español».
